El Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, modifica el espíritu de cuatro leyes de protección del patrimonio natural y cultural del país, y algunos de los cambios incorporados rigen en todo el territorio nacional, aunque no haya ningún puerto de por medio. Se aprobó de madrugada y en un solo voto, generando una regresión histórica de la legislación ambiental del país en plena crisis climática; algunos cambios, incluso, chocan con la Constitución Política de la República de Guatemala.